La banda que perpetró el secuestro del empresario de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) Rafael Ávila Tirado no tenía un plan demasiado elaborado y fue tomando las decisiones a medida que se producían los acontecimientos. Se sospecha que el conocido estafador Luis Miguel Rodríguez Pueyo era el líder de la banda, que fue formando poco a poco entre individuos que, en algún caso, ni siquiera tenía antecedentes policiales. No obstante, la investigación de la UDEV Central de la Comisaría General de Policía Judicial apunta a que había una auténtica organización, jerarquizada y en la que cada individuo cumplía un papel.

El móvil del secuestro fue estrictamente económico y al parecer la razón por la que Rafael Ávila fue elegido como víctima fue, simplemente, que Rodríguez Pueyo había comenzado a «trabajar» desde hacía algún tiempo en la zona de Cádiz y Sevilla. En ese contexto le llegó la información de que el empresario era un objetivo fácil para un secuestro -el delincuente tiene antecedentes de hace más de 30 años en este tipo de delito-, y a partir de ahí comenzó a formar una banda.
 

En el grupo jugó un papel destacado un individuo que tenía contacto profesional con la empresa de Ávila Tirado y que además, en pleno secuestro, acudió varias veces a su sede, supuestamente para interesarse por el caso y dar ánimos, pero, en realidad, para tratar de obtener información de los pasos de la Policía.
 

En las primeras llamadas antes del «silencio» que se prolongó durante siete días, los secuestradores pidieron a la familia diez millones de euros como rescate. Sin embargo, desde que la noticia del caso saltó a los medios de comunicación no volvió a haber contactos directos, lo que sin duda complicó mucho más las investigaciones hasta el punto de que se temió por la vida del rehén.
 

Durante toda esa semana los secuestradores se replantearon la estrategia a seguir -temían estar ya vigilados- y decidieron enviar a Madrid a varios individuos. Además, al tener casi la certeza de que la familia tendría intervenidos los teléfonos de la familia -se llegó a tener «pinchados» más de veinte-, llamaron a personas cercanas a ésta para dar las instrucciones del rescate. Las llamadas las hacían siempre desde cabinas públicas y, curiosamente, la primera no fue tomada en consideración por su destinatario, que pensaba que aquello era una broma.
 

El hecho de que las llamadas se hicieran desde Madrid llevó a los investigadores a barajar la posibilidad de que la víctima estuviera también en esta ciudad, si bien no se abandonó ninguno de los puntos de Cádiz, Sevilla y Huelva, donde había gestiones en marcha. Los secuestradores, además, tomaban muchas precauciones ya que hacían las llamadas desde zonas muy distintas de Madrid e, incluso, de su provincia.
 

Despliegue de la UDEV

Alguno de los días hubo en la calle hasta 40 coches policiales camuflados con agentes de la UDEV Central que vigilaban las cabinas de muy distintas zonas para intentar identificar a los criminales. Se investigó a todos aquellos que en los minutos de la conversación hablaban por un teléfono público, lo que aumentó aún más el volumen de trabajo. Pero mereció la pena.
 

Los secuestradores, por petición de la familia, hicieron llegar una prueba de vida de la víctima, en concreto una fotografía del empresario con un periódico de algún día posterior al de la reanudación de los contactos. En las últimas llamadas, además, sin duda ya presionados por el paso del tiempo sin resultados, aceptaron liberar a la víctima a cambio de dos millones, y el resto de la cantidad se pagaría luego a plazos.