La Comisión de Representantes de Sociedades Cooperativas del Plan Almonte-Marismas acusó ayer a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía de vender suelo público de forma "irregular" y muy por debajo de su valor en el entorno de Doñana.

En un comunicado, Juan Gamero Egea, el presidente de la Comisión, en representación de unos 160 cooperativistas, denunció el incumplimiento por parte de la Junta de los acuerdos del 27 de junio de 1997, firmados entre la Consejería y los representantes de los concesionarios de tierras de cultivo en el sector II del Plan Almonte-Marisma.

Dicho acuerdo daba cumplimiento a un dictamen de 1992 que recomendaba la reubicación de cultivos intensivos, evitando el contacto directo con el Parque de Doñana. La consejería propuso dos soluciones: el acceso a la propiedad o el abandono de las tierras, por la que optaron muchos al no poder cumplir los requisitos de la Junta.

Entre ellos, se exigía el pago de todas las deudas con la Administración, se prohibía la venta de las tierras a las que se accedía en el plazo de ocho años y se exigía el acceso a la propiedad de forma casi inmediata a aquel acuerdo.

Sin embargo, desde la Comisión se ha indicado que la Junta de Andalucía a través de su Delegación en Huelva permitió el acceso a la propiedad al resto de concesionarios en condiciones mucho más ventajosas a las pactadas. Los cooperativistas denuncian operaciones de compraventa de los terrenos concedidos por la Administración con "unas plusvalías millonarias", llegándose, por ejemplo, en uno de los casos a "adquirir la propiedad de una finca con una cabida de 37 hectáreas, valorada en 2.506.498 euros, pagando por ello a la Administración solamente 160.510,52 euros". Igualmente, en todos los casos se ha condonado, aseguran, deudas con las administraciones públicas.